En el ejemplar del Diario de Navarra correspondiente al 12 de abril, en la sección de “Opinión”, hay un artículo de José María Aracama titulado “El maltrato a la Justicia”.
Aracama es uno de los habituales opinadores del periódico de la derecha navarra. Firma como presidente del “thinktank Institución Futuro”. En teoría ese “palabro” inglés significa literalmente “tanque de pensamiento”. Y, efectivamente, Aracama se muestra tan pesado y averiado como los viejos tanques Leopard que el gobierno español va a mandar a Ucrania.
En realidad, la Institución Futuro es un grupo de presión de la patronal navarra que reivindica, en este artículo, seguridad jurídica para sus negocios empresariales, buen trato fiscal y todo tipo de condiciones que satisfagan su insaciable apetito por acumular más y más beneficios.
La nota común de todos los voceros reaccionarios que tienen su plataforma en el panfleto de diario de Cordovilla es que, para ellos, la historia comienza en el año 1978.
Según Aracama, si la Justicia del Estado español no cuenta con la confianza de la ciudadanía, es por el maltrato que recibe del Gobierno de Pedro Sánchez y por sus intentos de manipulación política del poder judicial no respetando la separación de poderes.
Quienes no movieron ni una ceja durante el largo periodo de la dictadura franquista, como es el caso de Aracama, olvidan que ese régimen institucionalizó la corrupción, convirtiéndola en un elemento consustancial y sistemática del sistema y del que los empresarios se aprovecharon y beneficiaron.
Olvidan que el fin de la dictadura no comportó un cambio radical de sus estructuras, sino que el nuevo régimen alumbrado por la Constitución de 1978 mantuvo elementos fundamentales del franquismo, entre ellos los tribunales de justicia. De hecho, el Tribunal de Orden Público del franquismo estuvo trabajando a pleno rendimiento, entre 1975 y1976, incoando 9.628 procedimientos contra opositores a la dictadura, y en 1977 fue sustituido directamente por la Audiencia Nacional.
De los cincuenta últimos ministros de Franco, la mitad continuaron en cargos políticos y la otra mitad pasaron a ocupar puestos directivos en las principales empresas del país. Las primeras Cortes constituidas por sufragio universal en 1977 contaban con 110 parlamentarios que habían sido procuradores o altos cargos del franquismo. De los siete fundadores de Alianza Popular (precedente del Partido Popular), seis habían sido ministros de la dictadura y el séptimo director general. Los empleados de las organizaciones sindicales verticales y del Movimiento Nacional, fueron absorbidos directamente por la Administración pública.
Todo ello constituye la “inmoral herencia” del régimen del 78 que sigue vigente en nuestros días.
La Justicia maltrata a la ciudadanía, porque no tiene ningún interés en actuar contra la corrupción política y económica presente en el Estado español, siendo los principales beneficiarios de esta situación las grandes empresas.
El Estado español cuenta con la mayor cantidad de kilómetros de autopistas y autovías de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo señaló, en su día, que se había producido un sobrecoste del 23% en las previsiones iniciales y que los importes de esas inversiones eran muy superiores al de mercado. Además, indicaba que se habían sobredimensionado las previsiones de tráfico para justificar las inversiones públicas.
Situación parecida ocurre con las líneas de tren de alta velocidad. En 2018, ese mismo Tribunal de Cuentas Europeo, emitió un informe demoledor sobre la alta velocidad del Estado español. Elevados sobrecostes de hasta un 78% y desviaciones bajo sospecha.
Y otro tanto ha dicho sobre las inversiones en la construcción de aeropuertos innecesarios como los de Huesca, Castellón o Ciudad Real.
La magnitud de la corrupción es enorme y se completa con el dato de que el 75% de las adjudicaciones de las grandes inversiones públicas se reparten entre diez constructoras (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux Corsán, Grupo Villar Mir, Compsa, Copisa y Grupo Sando).
Dice Aracama que empresas como Ferrovial huyen del “alboroto y desorden”. Pero eso no es cierto, cuando se trata de una empresa que, en el magma del despilfarro del gasto en obra pública, se ha beneficiado y quiere seguir beneficiándose.
Ferrovial no se marcha por esas razones. Quiere seguir sacando tajada del pastel de los fondos públicos del Estado español. Lo que afirma Aracama no es sino una manipulación para meter cizaña contra el Gobierno.
Ferrovial no renuncia a seguir aumentando su cuenta de resultados a costa de la obra pública del Estado español, lo que quiere es cotizar en Estados Unidos y ello solo puede ser posible si está domiciliada en un país que cuente con un convenio que le posibilite la entrada en la bolsa norteamericana, no hay otra razón.
Los tribunales en el Estado español siguen sin querer cumplir con las obligaciones de aplicar criterios de Justicia Universal para juzgar los crímenes del franquismo y de la Transición, mientras esa inactividad se mantenga y se justifique, no puede hablarse de maltrato sino de que todas y todos estamos maltratados por la justicia española.