Un cuarto de siglo. Veinticinco años desde que, el 23 de julio de 2001, al filo de la madrugada, las excavadoras y los operarios enviados por el equipo de gobierno de UPN irrumpieron en la Plaza del Castillo. Comenzaron a talar árboles, a vallar el salón de estar de los pamploneses y a abrir una zanja de 14 metros de profundidad.
Durante años, la propaganda oficial presentó el parking de la Plaza del Castillo como un símbolo de modernización y progreso. Pero el paso del tiempo ha dejado al descubierto otra realidad: aquella intervención acabó convirtiéndose en uno de los mayores atropellos arqueológicos y patrimoniales de la historia de Navarra.
Lo que se anunció como una obra de infraestructura sacó a la luz una secuencia estratigráfica excepcional: un auténtico libro de historia de más de dos milenios conservado bajo el corazón de Pamplona. Aparecieron más de 2.000 metros cuadrados de termas públicas romanas en un extraordinario estado de conservación; la maqbara islámica urbana más importante del norte peninsular, con alrededor de 200 enterramientos orientados hacia La Meca; los restos del barrio medieval de Çurriburri y las estructuras defensivas del castillo de Luis el Hutín.
Todo aquel patrimonio pudo haber transformado la Plaza del Castillo en un espacio arqueológico de referencia internacional. No fue así. Una parte fue destruida, otra desmantelada y otra extraída a toda prisa para que las obras pudieran continuar. La arqueología quedó subordinada al calendario de construcción mientras se sucedían las protestas de arqueólogos, historiadores y especialistas.
La respuesta institucional a la movilización ciudadana tampoco estuvo a la altura de la magnitud del conflicto. Durante años, el relato oficial redujo la oposición al proyecto a los incidentes callejeros, relegando a un segundo plano una movilización social extraordinaria. La Plataforma en Defensa de la Plaza del Castillo reunió 25.000 firmas y promovió un referéndum popular en el que más de 20.000 ciudadanos reclamaron la paralización de las obras.
También quedó como símbolo de aquella controversia la actitud de quienes, desde dentro de las propias instituciones, se negaron a avalar lo que estaba ocurriendo. Entre ellos, Javier Zubiaur, entonces director del Museo de Navarra y jefe del Servicio de Arqueología, que dimitió de su cargo antes que respaldar las decisiones adoptadas por la Consejería de Cultura.
Veinticinco años después, apenas queda un fragmento de aquellas estructuras integrado en la primera planta del aparcamiento, entre plomos, tubos de escape y hormigón. Una conservación que difícilmente puede compensar la pérdida de un conjunto arqueológico de dimensiones y valor excepcionales.
Pamplona pudo haber convertido su subsuelo en un parque arqueológico único en Europa. En su lugar, se construyeron 948 plazas de garaje.
Y ese es quizá el aspecto más difícil de asumir: no solo se destruyó patrimonio. También se perdió una oportunidad histórica. La oportunidad de explicar, en el corazón mismo de Pamplona, más de dos mil años de historia urbana; de preservar las huellas de las distintas comunidades que habitaron este espacio; de convertir la arqueología en patrimonio vivo y en conocimiento compartido.
Un cuarto de siglo después, la Plaza del Castillo sigue siendo uno de los grandes símbolos de Pamplona. Pero bajo sus terrazas, sus árboles y el tráfico permanece también una memoria incómoda: la de un patrimonio que apareció durante una obra pública y que, en buena medida, desapareció bajo ella.
La plaza se levantó sobre hormigón.
Y la ciudad perdió, para siempre, una parte irrecuperable de su propia historia.
