Óscar Arizcuren Pola no es un desconocido en la política navarra. Fue secretario general y vicepresidente de UPN, uno de los cargos más influyentes del partido durante más de una década, además de haber ocupado puestos institucionales relevantes como el de secretario segundo del Parlamento de Navarra entre 2015 y 2018. Desde 2018 trabaja en Aena, en un puesto de alta responsabilidad: director de Políticas Públicas y Relaciones con Europa. Pese a su retirada de la primera línea política, su nombre ha reaparecido en pleno epicentro del caso Cerdán.
La Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo documentación que revela pagos por un total de 68.970 euros desde la empresa Servinabar 2000 SL —pieza central en la investigación por amaños de adjudicaciones públicas— a una sociedad registrada a nombre de Arizcuren: OAP Asesoramiento Integral S.L. Estos pagos se realizaron en tres ejercicios consecutivos: 32.670 € en 2022, 29.040 € en 2023 y 7.260 € en 2024. La empresa de Arizcuren recibió, en resumen, casi 70.000 euros de la misma sociedad desde la cual se canalizaban presuntos sobornos y favores hacia el entorno político de Santos Cerdán.
En su única declaración pública, publicada por Diario de Navarra el 30 de julio de 2025, Arizcuren aseguró que “no pertenece a ninguna trama”, que todo responde a “trabajos legales de asesoría” y que “los impuestos están pagados”. Sin embargo, no ha aportado documentación pública de los servicios supuestamente prestados, ni ha respondido preguntas sobre la naturaleza o contenido de ese asesoramiento. Su versión, hasta el momento, no ha sido contrastada por ningún medio navarro con el mínimo rigor.
La reacción de UPN fue inmediata y tajante: el 29 de julio, el partido comunicó que Óscar Arizcuren “ya no pertenece ni tiene vinculación alguna con la organización”. No hubo más explicaciones. Ningún portavoz del partido ha aclarado si los trabajos realizados por Arizcuren podrían haber coincidido con sus años de mayor influencia institucional. Tampoco se ha explicado su relación personal o profesional con los responsables de Servinabar, pese a ser beneficiario directo de sus fondos.
Resulta llamativo el tratamiento que Diario de Navarra ha dado al asunto. A pesar de que el diario ha cubierto con insistencia cada detalle del llamado caso Cerdán —con decenas de artículos, varios editoriales y constantes referencias al PSOE y al PSN— el caso Arizcuren apenas ha merecido una única mención. Ni se ha profundizado en su papel en UPN, ni se han investigado sus relaciones con los principales implicados, ni se ha contrastado su versión. Se trata, objetivamente, de un silencio informativo que contrasta de forma flagrante con el tono de denuncia constante aplicado cuando los nombres que aparecen son socialistas.
Este desequilibrio no es anecdótico. Mientras que la hermana de Santos Cerdán, que cobró 22.200 euros de Servinabar, ha aparecido en más de cuatro piezas informativas en apenas una semana, Arizcuren —que facturó más del triple— ha sido tratado como un asunto lateral y sin interés público. No ha habido análisis político. No ha habido contextualización. No ha habido preguntas incómodas.
La situación invita a una reflexión más profunda. ¿Puede un medio ser un agente de regeneración democrática si ignora los casos de posible corrupción vinculados a su espectro ideológico más próximo? ¿Es coherente exigir transparencia, ejemplaridad y depuración política cuando los implicados son del PSOE, pero guardar silencio cuando se trata de figuras históricas de UPN? El periodismo, especialmente en contextos regionales donde un único medio ejerce un claro liderazgo, tiene una responsabilidad ética que va más allá de la afinidad ideológica. Si los medios conservadores sólo denuncian la corrupción socialista y los progresistas sólo señalan la de la derecha, al final lo único que se instala es la impunidad mutua.
Óscar Arizcuren, con casi 70.000 euros recibidos de una empresa clave en una red de presunta corrupción, no es un actor menor. Es una figura clave del pasado reciente de UPN. La ciudadanía navarra merece saber qué hizo, con quién, cómo, y por qué. Y si no es UPN quien da explicaciones, ni Diario de Navarra quien las exige, entonces habrá que preguntarse quién protege a quién, y por qué.