El 1 de noviembre de 2021 el Ayuntamiento del UPN con el apoyo del PSN decidió externalizar el SAD (Servicio de Atención al Domicilio). 178 trabajadoras pasaron de ser empleadas municipales a serlo de una empresa pública en la que desde el primer día comenzaron a cambiar las cosas a peor.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio la razón a la plantilla y anuló la externalización con dos argumentos: el convenio del personal laboral en su artículo 13 impide la externalización de servicios y no es lo mismo una empresa pública que la gestión directa de la administración. Han hecho falta tres apremios para que la sentencia sea cumplida. Aun así, estamos a la espera de lo que diga en Madrid el Tribunal Supremo.
Pero las trabajadoras no pueden cantar victoria y no solo porque el Supremo aún no se haya pronunciado. Rizando el rizo, el Ayuntamiento ha decidido seguir adelante con la empresa pública. De manera torticera, el Ayuntamiento está dotando de contenido a una empresa pública que según el juez no debería existir, duplicando el servicio. Por un lado, las trabajadoras fijas han pasado a la plantilla municipal (creando además una figura de Jefa del servicio y eliminando una Coordinadora) y de forma paralela la empresa pública continúa funcionando con un gerente y dos personas (una trabajadora social y una administrativa) contratadas hace pocos días al margen de cualquier lista o modo público de contratación y cuya función es gestionar la lista de contratación. Es decir, a partir de ahora a una trabajadora del Ayuntamiento le sustituirá una de otra empresa (la pública) con la trampa de que no sustituyen a personas concretas, sino que se sustituyen “tareas”; de hecho, la trabajadora que sustituye no sabe a quién, sólo recibe las tareas a llevar a cabo.
Si desde la pandemia las reuniones de coordinación habían dejado de existir (con excepciones puntuales) a partir de ahora, con trabajadoras de dos empresas diferentes, la comunicación tan necesaria entre las trabajadoras va a ser casi imposible dificultando cualquier posibilidad de trabajo en equipo.
¿Habría que recordarle al Ayuntamiento que las trabajadoras no aprietan tornillos, sino que atienden a personas vulnerables y dependientes y que la comunicación en su trabajo es fundamental?
Por otro lado, las causas económicas que según el ayuntamiento obligaron a la externalización parece que ya no existen y se pueden permitir mantener dos estructuras para el mismo trabajo, con dos jefes en lugar de uno.
No han puesto en marcha ni una de las medidas de mejora que las trabajadoras aportaron ni siquiera las que, tras el pago de muchos miles de euros, planteó una consultora contratada para hacer un estudio de mejora. La desorganización aumenta, el descontento de una plantilla que se siente maltratada es cada día mayor. La falta de reuniones de coordinación (único espacio de contacto entre las trabajadoras) no permite llevar a cabo un buen trabajo, pero sobre todo genera un sentimiento de soledad y atomización de una plantilla ya de por sí castigada por la dureza del trabajo y de los dos años de pandemia. Si a esto se le añade la incertidumbre sobre la situación de los puestos de trabajo podemos entender que la mayoría de las trabajadoras manifieste su desánimo y tristeza.
Desde la plantilla se cree que el ayuntamiento no está por la labor de cumplir la sentencia, que mantiene de forma tramposa (y está por ver si legal) la empresa pública y que espera que el supremo le dé la razón para desmantelar el SAD de una vez por todas, privatizándolo del todo tal y como UPN lleva años amenazando con hacer.