Cada cierto tiempo aparecen. No importa cuál sea la medida. Basta que un gobierno plantee limitar los abusos del mercado del alquiler o recordar que la vivienda es un derecho antes que un negocio para que surjan los mismos profetas anunciando el fin de la civilización económica. El artículo del ínclito Álvaro Bañón, perpetrado en el ejemplar del Diario de Navarra del 1 de julio, pertenece exactamente a esa tradición.
No pretende analizar la realidad. Pretende construir un miedo. El miedo es un instrumento extraordinariamente eficaz cuando se quiere impedir cualquier cambio. Si se protege al inquilino, dicen, desaparecerá la inversión. Si se limitan los alquileres, nadie construirá viviendas. Si se exige una mínima función social a la propiedad, el mercado se hundirá.
Lo que se hace es retorcer la realidad, construyendo un relato alternativo que sirva para cimentar su posicionamiento político, su particular ideario. Por poner un ejemplo: la foto incluida en el artículo nos muestra una realidad, pero aplicando el mismo método que aplica en analizar la realidad social, el Sr. Bañón nunca diría que es “calvo”, diría que es de “pelo fino”.
El Sr. Bañón declina el mismo catecismo neoliberal que llevamos escuchando cuarenta años. Lo sorprendente es que siga habiendo quien lo presente como si fuera una verdad científica cuando la propia experiencia demuestra exactamente lo contrario. Porque el mercado inmobiliario del Estado español no ha fracasado por exceso de regulación. Ha fracasado precisamente allí donde ha funcionado con mayor libertad. Ha generado la mayor burbuja inmobiliaria de Europa. Ha convertido la vivienda en un activo financiero. Ha expulsado a miles de jóvenes del acceso a la vivienda. Ha disparado los alquileres por encima de la evolución de los salarios. Y ha hecho de un derecho constitucional un privilegio reservado a quien puede pagarlo.
Sin embargo, los responsables de ese fracaso nunca aparecen como responsables. Los culpables siempre son otros. Siempre la Administración. Siempre la regulación. Siempre los derechos de los inquilinos. Nunca la especulación. Nunca la financiarización de la vivienda. Nunca los fondos de inversión. Nunca quienes han obtenido beneficios extraordinarios gracias a un bien cuya función principal debería ser alojar personas y no multiplicar dividendos.
El capitalismo que vive del Estado
Hay una contradicción que atraviesa todo el discurso de Bañón. Se presenta como defensor del libre mercado. Pero guarda un silencio absoluto sobre una realidad incómoda. Buena parte de la promoción de vivienda protegida existe gracias al dinero público. No hablamos de pequeñas ayudas. Hablamos de subvenciones directas que reciben las promotoras privadas y que pueden alcanzar el 35 % del coste de construcción, préstamos cualificados, avales públicos, convenios específicos, bonificaciones del 90 % en determinados impuestos municipales, ventajas fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, beneficios en el IRPF, exenciones tributarias y un entramado de incentivos que reduce de manera muy considerable el riesgo empresarial. Y luego las rentas por alquiler, que están garantizadas por la Administración en los casos de familias vulnerables. Y cuando han conseguido una financiación a fondo perdido, unos beneficios fiscales sustanciosos, unas rentas por alquileres, al cabo de veinte años, cuando las viviendas pierden la calificación de protegidas, las quieren vender a precio libre. Con lo que los beneficios por construir viviendas del alquiler social han superado con mucho los procedentes de viviendas libres.
Es decir, cuando las administraciones garantizan la rentabilidad del promotor mediante dinero público, nadie habla de intervencionismo. Cuando esas mismas administraciones intentan garantizar que una familia pueda seguir viviendo en su casa sin dedicar la mitad de su sueldo al alquiler, entonces aparece el fantasma del comunismo. Y cuando aprueban medidas para que las viviendas puedan mantener la protección oficial, entonces es el “apocalipsis”. Todo se derrumba. Nadie construirá vivienda de alquiler protegido. Curiosa concepción del libre mercado. Las pérdidas se socializan. Los beneficios se privatizan. Y cualquier intento de equilibrar mínimamente la relación entre propietario e inquilino se convierte, según este discurso, en una agresión intolerable.
El propietario como héroe. El inquilino como sospechoso.
Hay algo profundamente revelador en artículos como éste. Los propietarios siempre aparecen individualizados. Son personas que invierten. Que arriesgan. Que generan riqueza. Los inquilinos, en cambio, desaparecen. No tienen rostro. No tienen derechos. No tienen historia. Nunca aparecen los jóvenes que encadenan contratos temporales sin poder emanciparse. Nunca las familias expulsadas de sus barrios. Nunca quienes dedican más del cincuenta por ciento de su salario al alquiler. Nunca quienes cambian de colegio a sus hijos porque no pueden asumir una subida de renta. Para el relato del amanuense Bañón sólo existe una libertad digna de protección: La libertad de obtener rentabilidad. La libertad de vivir dignamente queda relegada a un asunto secundario.
El periodismo también toma partido
Y aquí conviene hablar del papel que desempeñan determinados medios de comunicación. Porque no existe el periodismo neutral. Existe el periodismo honesto. Y existe el periodismo que adopta como propios los marcos ideológicos de determinados grupos de interés. Cuando un periódico convierte sistemáticamente en verdad objetiva los argumentos del sector inmobiliario mientras invisibiliza a las plataformas de inquilinos, organizaciones sociales, economistas críticos o expertos en políticas públicas, deja de ejercer una función de contrapoder para convertirse en altavoz del poder económico. Eso también es una elección editorial. Eso también es ideología. Eso también es política. Y sí. Es una política de clase. No porque defienda a los empresarios —tienen perfecto derecho a defender sus intereses—, sino porque presenta esos intereses particulares como si fueran el interés general de toda la sociedad.
El verdadero radicalismo
Llaman radicales a quienes defienden que nadie debería perder su casa porque el mercado decide aumentar un treinta por ciento el alquiler. Pero el verdadero radicalismo consiste en otra cosa. Consiste en aceptar que la vivienda sea un instrumento de acumulación financiera mientras miles de personas no pueden acceder a ella. Consiste en considerar normal que el sector reclame ayudas públicas multimillonarias y, al mismo tiempo, rechace cualquier obligación social. Consiste en proclamar la sacralidad del mercado cuando genera beneficios y pedir la intervención del Estado cuando esos beneficios disminuyen. Consiste en convertir un derecho constitucional en una mercancía.
Los verdaderos extremistas no son quienes defienden límites al abuso. Son quienes consideran abusivo poner límites. Y quizá ese sea el gran problema del artículo de Bañón. No que defienda los intereses de un sector económico. Eso es perfectamente legítimo. Lo preocupante es que pretenda presentar esa defensa como si fuera la única forma racional de entender la economía, la vivienda y la sociedad.
Los artículos como el de Bañón no anuncian el futuro. Intentan preservar un modelo que ha contribuido decisivamente a la crisis de acceso a la vivienda.
Frente a ese discurso del miedo, conviene reivindicar algo mucho más sencillo: que la función de las instituciones no consiste en garantizar beneficios privados ilimitados, sino en garantizar derechos. Y entre esos derechos, pocos hay tan básicos como el de disponer de una vivienda digna y asequible.
Porque cuando el derecho a una vivienda digna queda subordinado al balance de resultados de unas pocas empresas, ya no estamos ante un debate económico. Estamos ante un proyecto de sociedad. Y el Diario de Navarra y el Sr. Bañón tienen muy claro de qué lado están: de los poderosos, de los empresarios, de los grandes tenedores, de las grandes fortunas y de las élites sociales y económicas.
