Por Ameztia
Una democracia no empieza a debilitarse cuando cambia un gobierno. Empieza a hacerlo cuando millones de ciudadanos dejan de creer que quien hace cumplir las reglas es completamente imparcial. Ese es, probablemente, el mayor desafío institucional al que se enfrenta hoy el estado español, un país donde la cúpula del poder judicial se ha convertido en el principal bastión de resistencia de la derecha tras perder el control del Gobierno.
La política ya no se libra únicamente en el Parlamento. Una parte creciente de la batalla se desarrolla en los juzgados, en las fiscalías y en las portadas que convierten cada diligencia judicial en un acontecimiento político. Investigaciones, informes policiales, filtraciones de sumarios, imputaciones y medidas cautelares ocupan durante semanas el centro del debate público mientras el enfrentamiento partidista se traslada del hemiciclo a los tribunales. Esta judicialización de la política no es casual: responde a una estrategia de la derecha que, al no lograr sus objetivos en las urnas, utiliza la judicatura —cómodamente alineada con sus intereses y con un Consejo General del Poder Judicial bloqueado durante años para mantener su mayoría conservadora— como un contrapeso político asimétrico.
La justicia debe investigar cualquier indicio de delito, con independencia del partido, del cargo o del apellido de quien se siente frente al juez. Ese principio no admite excepciones. Pero también es cierto que la legitimidad de la justicia no depende únicamente de su independencia real; depende igualmente de que la sociedad la perciba como independiente.
Y ahí empiezan los problemas. Muchas de las causas con mayor repercusión política nacen de denuncias promovidas por partidos de la oposición conservadora o por organizaciones ultra con una evidente orientación ideológica. Es un derecho plenamente legítimo acudir a los tribunales. Lo preocupante no es quién denuncia, sino que una parte creciente de la ciudadanía interpreta esas actuaciones como un capítulo más de la confrontación política, ejecutado por una judicatura que parece actuar con sintonía ideológica y un llamativo sentido de la oportunidad cronológica.
A ello se suma un fenómeno que parece haberse convertido en rutina: las filtraciones. El secreto de sumario, concebido para proteger la investigación y los derechos de las partes, pierde eficacia cuando informes policiales, declaraciones o diligencias aparecen en los medios antes incluso de que los investigados conozcan íntegramente el procedimiento. El resultado es un juicio paralelo donde la sospecha se convierte en noticia y, con demasiada frecuencia, en condena social.
En un Estado de derecho, un informe policial nunca debería confundirse con una sentencia. Es un instrumento de investigación, no una declaración de culpabilidad. Sin embargo, el ecosistema mediático y la velocidad del debate político han terminado otorgando a la sospecha un valor que, en ocasiones, eclipsa la presunción de inocencia. Cuando finalmente llegan un archivo o una absolución, rara vez reciben la misma atención que la imputación inicial.
La percepción de una justicia asimétrica alimenta aún más esa desconfianza. No porque falten pruebas de un trato desigual, sino porque resulta evidente para muchos ciudadanos que determinados procedimientos contra líderes de la izquierda o del Gobierno se estiran durante meses en la agenda pública con escaso fundamento, mientras las causas que afectan a la derecha avanzan con una llamativa discreción o terminan diluyéndose. La justicia tiene sus propios tiempos, pero cuando la agenda judicial coincide de forma tan precisa con los intereses y los ritmos de la oposición, nace la sospecha. Y una democracia tampoco puede permitirse vivir instalada en la sospecha permanente de que los tribunales operan como el brazo ejecutor del bloque conservador.
El reciente caso de Santos Cerdán ha vuelto a evidenciar esa distancia entre el funcionamiento jurídico y la percepción ciudadana. Para muchos resulta difícil entender que una persona pueda ingresar en prisión antes de ser juzgada y, al mismo tiempo, seguir siendo inocente ante la ley. Sin embargo, la prisión provisional no constituye una pena anticipada. Es una medida cautelar excepcional destinada a evitar riesgos concretos, como la destrucción de pruebas, la fuga o la reiteración delictiva. Cuando esos riesgos desaparecen, la medida deja de estar jurídicamente justificada, con independencia de que el proceso continúe. Así funciona un Estado de derecho, aunque el debate público y el hostigamiento mediático, a menudo, lo simplifiquen hasta convertirlo en un eslogan de desgaste político.
Frente a esta realidad conviven dos relatos. Unos sostienen que jueces, fiscales y policía judicial cumplen simplemente con su obligación de investigar cualquier indicio de delito, como ocurrió en grandes casos de corrupción que afectaron a gobiernos de distinto signo político en el pasado. Otros, con argumentos cada vez más sólidos, consideran que determinadas investigaciones, prolongadas de forma artificial en el tiempo y amplificadas mediáticamente, buscan un desgaste político directo contra el Ejecutivo. De ahí que el término lawfare —la guerra judicial con fines partidistas— haya abandonado el terreno académico para instalarse en la conversación pública como la denuncia de un poder judicial que actúa con una indiscutible agenda de derechas.
Quizá el verdadero problema sea que ambas visiones conviven porque la confianza institucional se ha deteriorado de forma irreversible. La derecha recurre cada vez más a los tribunales para ganar por la vía judicial las batallas que perdió en las urnas, sabiendo que juega en campo propio. Cuando una investigación afecta al adversario progresista, la derecha la presenta como una victoria incontestable de la legalidad; cuando alcanza a los propios, el corporativismo judicial suele actuar como una red de seguridad. Los medios, por su parte, convierten con frecuencia cada diligencia en un espectáculo continuo, donde la inmediatez y el sesgo ideológico pesan más que la prudencia. Y los ciudadanos observan todo ello desde una creciente desconfianza.
¿Quién gana en este escenario?
No gana el Gobierno cuando se ve obligado a denunciar públicamente que sectores de la judicatura actúan con motivaciones políticas. Tampoco gana la oposición cuando utiliza los juzgados como ariete permanente y convierte cada investigación en una condena anticipada. No ganan los medios si priorizan el impacto ideológico sobre el rigor. Ni gana la justicia cuando la evidente politización de sus altas esferas erosiona la confianza en sus procedimientos.
Pierde la democracia.
Porque una democracia no puede sostenerse únicamente sobre leyes e instituciones. Necesita algo mucho más frágil: la confianza de sus ciudadanos. La confianza en que las investigaciones se abren por indicios y no por conveniencias partidistas. La confianza en que las condenas llegan tras un juicio y no tras una portada pactada. La confianza en que la ley se aplica igual, gobierne quien gobierne, y que los jueces no actúan como la última línea de defensa de una ideología concreta.
No hace falta que todos compartan cada sentencia. Eso nunca ocurrirá. Lo imprescindible es que la inmensa mayoría crea que esas sentencias se dictan únicamente en nombre de la ley y no desde la trinchera ideológica de la derecha. El día que dejemos de creerlo, el problema ya no será quién ocupa el Gobierno o quién lidera la oposición. El problema será que habremos empezado a perder algo mucho más importante: la confianza en las reglas que sostienen nuestra democracia.
