Con el término taumaturgo se denomina a aquellas personas que hacen trucos de magia. Son ilusionistas que utilizan engaños para asombrar al público. En el caso que nos ocupa, Javier Tajadura Tejada, con el artículo publicado en el Diario de Navarra de 15 de enero, bajo el título “¿Libertad en 1975?”, lo que hace es autentica fullería dialéctica, no para entretener, sino para engañar y confundir.
Comienza el farandulero -para más inri catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU-, con una obviedad de libro, que quienes portan canas conocen perfectamente: “La muerte del dictador no supuso la instauración de las libertades”. Ciertamente, con la desaparición física del genocida, el régimen continuó reprimiendo y atacando todo atisbo de protesta contra la falta de democracia.
Ya, con el golpista agonizando, en septiembre de 1975, se fusilaron a cinco militantes antifascistas: Txiki, Otaegi, Humberto Baena, Sánchez Bravo y García Sanz (el trilero ni siquiera cita sus nombres, limitándose a decir que hubo penas de muerte). Entre los años 1975 y 1976 el Tribunal de Orden Público (TOP) incoó unos 10.000 procedimientos penales.
Y dos días después del fallecimiento del dictador, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos fue proclamado rey de España por las Cortes franquistas, jurando sobre la Biblia acatar los Principios del Movimiento Nacional, destinados a perpetuar el franquismo.
El gacetillero del grupo Vocento sitúa la llegada de la democracia en la llamada transición en los años 1976 y 1977, que culmina con la aprobación de la Constitución en 1978. Fijando tres hitos en ese proceso: La ley para la Reforma Política de enero de 1977, las elecciones a Cortes Generales del 15 de junio de 1977 y el referéndum de diciembre de 1978 para aprobar la Constitución.
Lo que el fullero esconde en la manga, son las movilizaciones y luchas obreras y populares que se dieron en ese periodo y que devinieron fundamentales para la consecución de la democracia. Entre los años 1975 y 1978 tuvieron lugar 3.890 huelgas, algunas generales, con la participación de diez millones y medio de personas y con la pérdida de cerca de cuarenta y dos millones de horas de trabajo.
No menciona las cerca de 200 personas muertas en esos años, debido a la violencia policial y de grupos de extrema derecha. No dice nada sobre la masacre de obreros en Gasteiz en marzo de 1976, o los fallecidos en Montejurra en mayo de ese mismo año. Ni de las personas asesinadas durante las semanas pro-amnistía. Ni la matanza de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid en enero de 1977. Ni, por supuesto, de la agresión policial en los sanfermines de 1978.
Se quedan en la chistera del mefítico ilusionista, la ley de amnistía de 1977, por la que no se pueden juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. O los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977, por los que se reconoció el despido libre y se impuso la limitación del incremento de los salarios.
El truco del mendaz prestidigitador consiste en ocultar que Adolfo Suárez (otro tahúr del Misisipi) metió de tapadillo, con premeditación, nocturnidad y alevosía, a la monarquía en la ley para la Reforma Política, impidiendo, de esa manera, que se pudiera dar un referéndum popular sobre la restauración del la República, porque todas las encuestas la daban como ganadora.
La farsa prosigue al no hacer mención de que la ley para la Reforma Política fue aprobada por las Cortes franquistas y no fue objeto de negociación con la oposición democrática. Ni que en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1977, los partidos de la derecha UCD y Alianza Popular (cuyos fundadores todos habían sido ministros de Franco), obtuvieron el 42% de los votos y, sin embargo detentaron, gracias a la “magnífica ley” el 52% de los escaños. Ni que en esas Cortes, 110 parlamentarios habían sido procuradores o altos cargos de la dictadura. O que de los 50 últimos ministros del régimen franquista, la mitad ocuparon cargos públicos en la democracia y la otra mitad puestos directivos en las principales empresas.
Tampoco hace referencia alguna a que la Constitución de 1978, ni en su preámbulo ni en su articulado hace mención alguna al golpe militar de 1936, ni a la existencia de una dictadura durante cerca de cuarenta años, ni, por supuesto a la II República. Es la Constitución de la desmemoria, del olvido y del silencio sobre el pasado reciente.
También se queda en la chistera del matutero que en Euskadi, en el referéndum sobre la Constitución, de las 1.913.980 personas censadas, sólo 661.412 la aprobaron, de modo que no llegaban siquiera a ser un tercio. El «no» fue empleado por una cantidad nada desdeñable: 203.995. Es decir que la mayor parte del pueblo vasco se abstuvo.
Pero cuando la trápala del mago de pacotilla se eleva al sumun de la ignominia y alcanza cotas de inusitada desvergüenza, es cuando afirma que, por arte de birlibirloque, “Juan Carlos I, rey de España, heredero de los poderes del dictador, utilizó esos poderes para impulsar un proceso de democratización del Estado. Proceso que implicó la destrucción del sistema político franquista (la Monarquía del 18 de julio) y el establecimiento de un nuevo régimen (la Monarquía Parlamentaria de 1978)”
El que la Monarquía del 18 de julio y la Monarquía Parlamentaria de 1978, coincidan físicamente en la misma persona, es un dato insignificante y secundario para este Harry Potter de pacotilla. Es como si Franco no hubiese muerto en 1975, siguiese ostentando la jefatura del Estado en 1978, y se hubieran dado esos hitos que señala el mago catedrático, hubiésemos pasado de una dictadura a una democracia orgánica (expresión que ya utilizaban los partidarios del régimen)
El espectáculo del ilusionista finaliza sacando el gazapo de la chistera: “Solo desde la más completa ignorancia o desde la mala fe se puede sostener que la monarquía parlamentaria vigente hoy en España tenga un origen franquista”. Es tan malo el ilusionista que las costuras del truco se ven al momento. Blanco y en botella: la monarquía borbónica fue destronada por el pueblo e instaurada la II República en 1931. En 1969, amparándose en la ley de Sucesión de 1947, aprobada por las Cortes franquistas, el dictador nombró en julio de 1969 a Juan Carlos como su sucesor a título de rey.
Juan Carlos ni destruyó el sistema político franquista, ni trajo la democracia. Se acomodó en el régimen del 78, como antes lo había hecho en el régimen totalitario. Al igual que lo hicieron la patronal, los cuerpos represivos, los jueces del TOP, los Fragas, Martines Villa, Adolfos Suárez y lo fundamental de la clase política amamantada a las ubres de la dictadura. Lo mismo que periódicos golpistas como el Diario de Navarra. Todo ello para seguir detentando el poder y proseguir con sus corruptelas y negocios.
Ningún truco que haga el Merlín Tajadura puede cambiar la realidad, son vanos intentos de engañar y de apoyar un régimen político basado en la impunidad, en la desmemoria y en el falso relato.