En el núcleo del capitalismo español late una contradicción insoslayable: la misma empresa que presume de sostenibilidad en sus campañas publicitarias esconde en sus entrañas una trama de poder que conecta la herencia franquista, la corrupción institucional y la perversión del Estado de derecho. Acciona, valorada en más de 6.800 millones de euros en bolsa, no es simplemente una multinacional de infraestructuras y energías renovables. Es el paradigma de un sistema que ha convertido la impunidad en método y el privilegio en ley no escrita.
La historia comienza con los orígenes mismos de la compañía. José Entrecanales Ibarra, fundador del imperio, no fue un empresario cualquiera: fue ministro de Obras Públicas entre 1938 y 1941, en plena posguerra, cuando el régimen de Franco distribuía contratos entre sus adeptos. Aquellos años sentaron las bases de un modus operandi que persiste hoy: la connivencia entre poder político y beneficio privado. Su nieto, José Manuel Entrecanales Domecq, actual presidente del grupo, ha perfeccionado el arte de navegar entre gobiernos de distintos signos, acumulando adjudicaciones millonarias mientras mantiene a raya cualquier atisbo de escrutinio real sobre sus prácticas.
El caso de Manuel Sánchez Corbí ilustra hasta qué punto los límites entre lo permisible y lo criminal se difuminan en este ecosistema. Condenado en 1998 por torturas cuando era jefe de la UCO -hechos probados en sentencia firme-, su posterior indulto en 2000 por el gobierno de José María Aznar le permitió no solo eludir la cárcel, sino reciclarse como director de seguridad internacional de Acciona. No es un detalle menor: estamos hablando de una persona cuya presencia en cualquier cargo vinculado a fuerzas del orden o seguridad sería ilegal en la mayoría de democracias europeas. Sin embargo, en España no solo ocupa un puesto estratégico en una de las mayores empresas del país, sino que su contratación envía un mensaje claro sobre los valores reales que priman en las altas esferas.
Los últimos años han dejado al descubierto la urdimbre de relaciones que protegen a este gigante. El caso Koldo, que investiga una presunta trama de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, ha puesto negro sobre blanco lo que muchos sospechaban: al parecer, documentos judiciales revelan que la Guardia Civil identificó más de 200 menciones a Acciona en sus pesquisas, incluyendo pagos de 2,3 millones de euros a intermediarios vinculados a Koldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos. Lo llamativo no es solo la magnitud de las cifras, sino el tratamiento diferencial: mientras otras empresas implicadas en casos similares sufrieron registros inmediatos, los despachos de Acciona permanecieron inexplicablemente a salvo.
Los números hablan por sí solos. Según datos del Portal de Transparencia, entre 2018 y 2023 la compañía obtuvo contratos públicos por valor de 4.200 millones de euros. Un análisis cruzado de las adjudicaciones muestra patrones preocupantes: en Andalucía, gobernada por el PP, se le otorgaron 287 millones en obras hidráulicas sin concurso competitivo; simultáneamente, el gobierno central del PSOE le adjudicó 1.100 millones en proyectos de energías renovables mediante procedimientos opacos. Esta capacidad para cosechar beneficios con independencia del color político en el poder no es casualidad: es el fruto de una estrategia de influencia que incluye desde el fichaje de ex ministros hasta la financiación de think tanks que moldean el debate regulatorio.
El contraste con otros países europeos resulta aleccionador. En Alemania, Siemens asumió una multa récord de 1.600 millones de euros por corrupción transnacional en 2008; en Francia, Alstom aceptó pagar 772 millones tras admitir sobornos en varios continentes. En España, sin embargo, ninguna gran empresa del IBEX 35 ha enfrentado consecuencias similares pese a las múltiples investigaciones abiertas en las últimas décadas. La pregunta es inevitable: ¿por qué Acciona, con su historial de casos judiciales y su nómina de personajes siniestros, sigue operando como si la ley no existiera?
La respuesta puede encontrarse en la propia arquitectura del poder español. Los Entrecanales representan esa oligarquía que trascendió al franquismo sin necesidad de ruptura democrática: misma familia, mismos métodos, nuevo disfraz. Su capacidad para colocar aliados en organismos clave, desde el CGPJ hasta los consejos de administración de bancos rescatados con dinero público, les ha garantizado una red de protección que ningún juez parece dispuesto a desafiar. Mientras, la prensa (del Régimen del 78 como Diario de Navarra) financiera y no financiera-de la que Acciona es destacado anunciante- se limita a reproducir sus comunicados sin cuestionar las contradicciones entre su retórica de responsabilidad social y su realidad corporativa.
Este no es un relato sobre una empresa corrupta. Es la crónica de un fracaso colectivo: el de un país incapaz de someter a sus élites económicas al mismo rasero que al resto de ciudadanos. Cuando un torturador puede dirigir la seguridad de una multinacional, cuando los contratos públicos se reparten como botín de guerra y cuando los tribunales miran hacia otro lado, no estamos ante simples casos aislados de corrupción. Estamos ante el síntoma de una democracia enferma, donde la justicia sigue teniendo apellidos y el dinero sigue comprando impunidad. La pregunta que queda en el aire es cuánto más tendrá que pudrirse el sistema antes de que se actúe con contundencia.
