Abría Diario de Navarra el pasado día 2 de mayo con el titular en su portada: “La estabilidad de la ladera derecha de Yesa requerirá de 47 millones de euros más” y el 6 de mayo blanqueaba a la CHE con la noticia: «La CHE confía en que la obra extra de 47 millones sea la última en Yesa»
Pues bien, el recrecimiento del embalse de Yesa no es una obra pública fallida: es una amenaza constante, una irresponsabilidad institucional y un símbolo de cómo la política, la ingeniería al servicio del poder y los intereses empresariales pueden confluir en un proyecto que pone vidas humanas en riesgo directo.
Desde que se adjudicó en 2001, con un presupuesto inicial de 114 millones de euros, el coste de esta obra no ha dejado de dispararse. Hoy, el proyecto de recrecimiento de Yesa ha sobrepasado los 427 millones de euros, y continúa sumando. Y lo más alarmante es que este desmesurado aumento de costes ha ido de la mano de una inseguridad estructural que persiste y se agrava. Las previsiones de que la obra se termine en 2025, tras más de dos décadas de ejecución, no nos dan ninguna certeza.
En el corazón de este proyecto se encuentra Ferrovial, la constructora encargada de las obras, que ha acumulado ya más de 200 millones de euros en ingresos por su participación. Esto sin contar los 47 millones adicionales que se han asignado a la “última fase” de estabilización de la ladera, lo que lleva a la empresa a beneficiarse aún más. Sin duda, la obra de Yesa ha sido una mina de oro para la UTE Yesa(Ferrovial, ACS, FCC) que sigue lucrándose a costa de la seguridad geológica del proyecto y, lo que es aún más grave, a costa de la seguridad de miles de ciudadanos.
La ladera derecha del embalse, que en 2013 sufrió un deslizamiento masivo, sigue siendo uno de los puntos más peligrosos. A pesar de los millones gastados para “reforzar” la montaña, el riesgo persiste. Esta ladera, que ya ha causado la evacuación de dos urbanizaciones completas, está sobrecargada por el peso de una presa recrecida 30 metros sobre un terreno geológicamente inestable. A pesar de las advertencias de expertos y organizaciones sociales, la obra sigue adelante. Ferrovial sigue cobrando. El Gobierno sigue callando.
Las plataformas como Yesa+No, junto con COAGRET (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases), llevan años advirtiendo sobre los riesgos inherentes a la construcción de esta presa sobre un terreno tan problemático. Estos colectivos han presentado informes técnicos y denuncias que han caído en saco roto. Su principal argumento: si la presa falla, el colapso de la ladera puede causar una catástrofe, afectando a poblaciones como Sangüesa, Cáseda, Caparroso, y llegando hasta Tudela y la Ribera de Navarra, con un impacto irreversible en miles de vidas.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), responsable técnica del proyecto, sigue emitiendo informes tranquilizadores, mientras la falta de una auditoría independiente y la ausencia de un análisis serio de seguridad plantean grandes interrogantes sobre la gestión de la obra. Mientras tanto, el Gobierno —de cualquier color— sigue sosteniendo este proyecto, ignorando las advertencias de expertos y la creciente alarma social.
La relación entre Ferrovial y el poder político es clara. Ana Pastor, exministra de Fomento (PP), ha jugado un papel clave en la expansión del proyecto, y en su época al frente del ministerio facilitó las condiciones para que el proyecto siguiera adelante. Además, la relación de José Blanco (exministro socialista) con empresas del entorno de Ferrovial tras dejar su cargo también pone de manifiesto las conexiones entre el poder y la constructora, que sigue lucrándose mientras los ciudadanos quedan desprotegidos.
Yesa no es solo un ejemplo de despilfarro: es una negligencia criminal que sigue adelante, con la complacencia de unos pocos y el silencio de las instituciones. Los sobrecostes, los plazos interminables y los riesgos estructurales son la prueba de que, en lugar de un proyecto de progreso, tenemos una bomba de relojería que amenaza con explotar sobre las cabezas de miles de personas.
¿Qué ocurrirá cuando, finalmente, la ladera ceda? ¿Qué dirán los responsables cuando la presa se rompa y los afectados sean los ciudadanos de Tudela, Cáseda o Sangüesa? La respuesta está clara: la catástrofe será la consecuencia lógica de una gestión irresponsable, y todos los responsables ya tienen nombre y apellidos.
Yesa no es una infraestructura. Es un error monumental, una negligencia masiva, y una advertencia que seguimos ignorando mientras Ferrovial sigue embolsándose cientos de millones, y los responsables públicos siguen mirando hacia otro lado. Si el desastre llega, no será un accidente: será un crimen anunciado.