El 8 de julio de 1978, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, al finalizar la corrida en la plaza de toros, se despliega en el ruedo una pancarta donde se puede leer: «Amnistía total. Presoak kalera. San Fermín sin presos». Desde las gradas del tendido 3 alguien arroja alguna botella, hay un conato de enfrentamiento que pronto remite. De repente por el callejón por donde entran las peñas txikis, irrumpe la Policía Armada golpeando de forma indiscriminada y disparando pelotas de goma. Desde los tendidos y desde el ruedo, la gente que aún no había abandonado la plaza responde arrojando botellas y almohadillas contra los uniformados. Los policías abren fuego con munición real, botes de humo, gases lacrimógenos. En la misma enfermería de la plaza se atienden a más de cincuenta personas, tres de ellas con heridas de bala, y muchas más con fracturas y heridas de diversa consideración. Bastantes más son llevadas a centros sanitarios.
La tensión se traslada a las calles. La policía, en número superior al habitual, con refuerzos llegados en los días previos de Logroño y Zaragoza, ha tomado la ciudad, disparando contra todo lo que se mueva. Esa misma noche, según los propios informes policiales, dispararon 4.153 pelotas de goma, 657 botes de humo, 1.138 bombas lacrimógenas y 134 balas de munición real.
El resultado de tamaña agresión policial: el joven Germán Rodríguez Saiz, militante de LKI (Liga Komunista Iraultzailea) muere de un disparo en la confluencia de la Avenida de Roncesvalles con Carlos III; once heridos de bala y alrededor de trescientas personas atendidas en hospitales, clínicas y centros médicos. En el lugar donde fue asesinado Germán se contabilizaron más de treinta impactos de bala a una altura entre 0,90 y 2,30 metros.Disparados, según testigos, por los componentes de un furgón policial que se bajaron para disparar con evidente ánimo de matar y se marcharon del lugar una vez realizado su terrible cometido.
Según declaraciones de la misma policía, nunca estuvieron en el lugar donde fue herido mortalmente Germán, ni dispararon munición alguna en aquella noche.
Al día siguiente, 9 de julio, los enfrentamientos permanecen en una ciudad arrasada, y la emisora de la policía emite la siguiente orden: «¡Tirad con todas las energías. Lo más fuerte que podáis. ¡No os importe matar!»
La respuesta fue una huelga general en Navarra y una jornada de lucha solidaria en el resto de Euskal Herria. El día 11 de julio, en Donostia, la policía armada disparó contra los manifestantes, causando la muerte del joven Joseba Barandiaran. Al igual que con Germán, las fuentes oficiales policiales negaron ser los autores del disparo asesino.
Ese mismo día, 11 de julio, se suspendieron las fiestas en Iruña.
Las diversas denuncias presentadas ante los tribunales, entre ellas la del asesinato de Germán, fueron archivadas en 1983, sin que se realizase investigación judicial alguna sobre aquella agresión. Nunca hubo juicio ni condena alguna contra los responsables policiales y políticos de aquel crimen.
El Estado español, en plena Transición, trató este asesinato como un daño colateral necesario para “mantener el orden”, y las autoridades manipularon los informes oficiales para exculpar a los agentes implicados. Medios de comunicación afines al régimen, especialmente el Diario de Navarra, jugaron un papel clave en la construcción de una narrativa que ocultaba la realidad. En su cobertura del 9 de julio de 1978, evitaron profundizar en la represión policial o señalar responsabilidades directas, contribuyendo así a una versión sesgada de los hechos.
Además, figuras como el entonces senador Jaime Ignacio del Burgo defendieron públicamente la actuación policial y rechazaron la narrativa del asesinato, contribuyendo al cierre del caso sin justicia. Así, el Diario de Navarra no sólo ocultó información crucial sino que ayudó a legitimar la impunidad institucional.
La Ley de Secretos Oficiales, heredada del franquismo, bloqueó durante décadas el acceso a documentos clave, dificultando el esclarecimiento de la verdad. A pesar de ello, asociaciones memorialistas como Sanfermines 78: Gogoan han mantenido viva la memoria y la exigencia de justicia frente al silencio institucional.
Después de más de 40 años de lucha, el 26 de junio de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó un acuerdo histórico impulsado por EH Bildu y apoyado por PSOE y Sumar, que reconoce oficialmente a Germán Rodríguez como víctima de la represión del Estado. Este acuerdo impulsa la desclasificación de documentos relacionados con los Sanfermines de 1978, la organización de un homenaje institucional con participación de víctimas, y la revisión de la Ley de Secretos Oficiales para facilitar el acceso a los archivos represivos.
Este reconocimiento, aunque fundamental, abre nuevas preguntas: ¿se reabrirá la investigación judicial? ¿se desclasificarán todos los informes que ocultan la verdad? ¿habrá algún día condena para los responsables? El caso de Germán no fue un episodio aislado, sino parte de una violencia sistemática del Estado contra quienes disintieron durante la Transición, como también ocurrió en Vitoria en 1976 con la masacre del 3 de marzo durante la huelga general. La democracia española se construyó sobre silencios, pactos y fosas ocultas.