El artículo de Álvaro Bañón, publicado en Diario de Navarra el pasado 19 de junio bajo el significativo título de «El peor delito de Zapatero», constituye un ejemplo paradigmático de una interpretación profundamente sesgada de la historia reciente de España.
Bañón afirma no ser juez ni abogado. Efectivamente, es un asesor de inversiones y consultor empresarial. Sin embargo, su texto no es una reflexión técnica ni histórica, sino una intervención política que reproduce, bajo una apariencia de moderación y concordia, uno de los relatos más persistentes de la derecha española: la equiparación moral entre quienes defendieron la legalidad democrática de la Segunda República y quienes se alzaron militarmente contra ella.
Ese es el núcleo del problema. El artículo no parte del golpe de Estado de julio de 1936, sino que lo diluye hasta hacerlo casi desaparecer. Se omite así el hecho esencial: la Guerra Civil no fue el resultado de una explosión espontánea de violencia entre dos bandos equivalentes, sino la consecuencia de una sublevación militar organizada por sectores del Ejército, las élites conservadoras, la iglesia católica y el fascismo español contra un gobierno legítimo surgido de las urnas.
Cuando se igualan las responsabilidades de víctimas y verdugos, de quienes defendían el orden constitucional y de quienes pretendían destruirlo, no se está practicando la reconciliación; se está deformando la historia. La tesis de los «dos bandos igualmente culpables» ha servido durante décadas como refugio ideológico para quienes nunca han querido afrontar las responsabilidades derivadas de los crímenes del franquismo.
La historiografía contemporánea dispone de una amplia bibliografía y de un sólido consenso académico sobre la naturaleza y la dimensión de las distintas represiones ejercidas durante la guerra. Las diferencias son abismales. Se estima que la represión en la retaguardia republicana causó alrededor de 50.000 víctimas, frente a las aproximadamente 200.000 registradas en las zonas controladas por los sublevados. Además, cerca del 80 % de las víctimas de la represión republicana se concentran en los primeros meses del conflicto, especialmente en 1936, descendiendo drásticamente a partir de 1937. La represión franquista, por el contrario, fue sostenida, creciente y acabó institucionalizándose durante décadas bajo la dictadura.
Resulta revelador que el autor se extienda sobre los excesos cometidos durante la contienda y apenas preste atención al carácter sistemático de la violencia desplegada por los militares golpistas. Ni siquiera menciona la existencia de cuarenta años de dictadura franquista. Y es que no se trató de fenómenos comparables. La violencia ejercida en la zona republicana fue condenada y perseguida por las propias instituciones republicanas en cuanto las circunstancias lo permitieron. La violencia de los sublevados, por el contrario, fue planificada, organizada y convertida en política de Estado. No fue una consecuencia indeseada de la guerra: fue uno de sus objetivos fundamentales.
Miles de personas fueron ejecutadas, encarceladas, depuradas, desposeídas de sus bienes o condenadas al exilio. Navarra conoce especialmente bien esa realidad. Aquí el golpe triunfó desde el primer momento y, precisamente por ello, no hubo frente de guerra. Hubo represión. Hubo fusilamientos masivos. Hubo desapariciones. Hubo una política deliberada de exterminio político destinada a eliminar cualquier vestigio de republicanismo, sindicalismo o disidencia.
Resulta igualmente llamativo que el aparente afán conciliador del autor, que le lleva a citar figuras carismáticas de uno y otro lado, no alcance a examinar el papel desempeñado en la preparación del golpe, durante la guerra y a lo largo de la dictadura por el propio periódico en cuyas páginas publica sus tribunas. Se trata de un olvido recurrente en determinados sectores de la derecha mediática, que continúan utilizando Diario de Navarra como plataforma para reinterpretar el pasado y, sobre todo, para cuestionar cualquier avance social que pueda alterar las relaciones de poder tradicionalmente dominantes en Navarra.
Frente a una realidad histórica ampliamente documentada, el artículo insiste en la vieja narrativa que presenta la Transición como una solución definitiva a todos los conflictos relacionados con la memoria democrática. Desde esa perspectiva, sitúa el supuesto «peor delito» de José Luis Rodríguez Zapatero en la aprobación de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, a la que responsabiliza de reabrir heridas, rescatar enfrentamientos superados y romper el consenso alcanzado durante la Transición.
Sin embargo, esa interpretación ignora un hecho fundamental. La Ley de Memoria Histórica no surgió porque el Estado decidiera espontáneamente afrontar su pasado. Fue el resultado de décadas de trabajo, presión y perseverancia de asociaciones memorialistas, familiares de desaparecidos e investigadores que tuvieron que asumir una tarea que las instituciones habían evitado durante demasiado tiempo.
Y aun así fue una ley insuficiente. Una norma prudente, limitada y claramente incompleta. Dejó intactos numerosos mecanismos de impunidad y no logró satisfacer plenamente las demandas de verdad, justicia y reparación. Si hoy existe una legislación más avanzada en materia de memoria democrática es precisamente porque aquella ley resultó incapaz de responder a todas las necesidades planteadas por las víctimas y sus familias.
Presentar la recuperación de la memoria histórica como un intento de «volver a enfrentarnos» supone una inversión radical de la realidad. Lo que enfrentó fue un golpe militar fascista. Lo que divide a una sociedad no es el conocimiento de la verdad, sino su ocultación. No son las exhumaciones las que crean las fosas comunes; son las fosas comunes las que exigen ser exhumadas.
También merece atención el marco ideológico desde el que se construye este discurso. No estamos ante una reflexión neutral ni académica, sino ante una interpretación política muy concreta, vinculada a una tradición conservadora que durante décadas ha preferido hablar de reconciliación antes que de responsabilidades, de concordia antes que de justicia y de olvido antes que de verdad.
Esa tradición ha encontrado históricamente amplificación en determinados medios de comunicación que han contribuido a construir una imagen edulcorada de la dictadura. Un relato en el que el franquismo aparece difuminado, las víctimas quedan relegadas a un papel secundario y la recuperación de la memoria democrática es presentada como una amenaza para la convivencia.
Pero la convivencia democrática no puede construirse sobre la amnesia. Se construye sobre el reconocimiento de los hechos. Y los hechos son contundentes: hubo una República democrática, hubo un golpe militar contra ella, hubo una guerra provocada por los golpistas y hubo cuarenta años de dictadura.
Por eso, el verdadero error no fue intentar recuperar la memoria de las víctimas. El verdadero error fue haber esperado demasiado tiempo para hacerlo. Lo que algunos siguen calificando como una reapertura de heridas no es más que la negativa a reconocer que esas heridas nunca llegaron a cerrarse para quienes continúan buscando a sus familiares en cunetas y fosas comunes.
Y ahí reside el verdadero problema de textos como el de Álvaro Bañón. No porque cuestionen una ley concreta o discrepen de determinadas políticas públicas, algo perfectamente legítimo en democracia, sino porque contribuyen a perpetuar una visión de la historia en la que el golpe militar desaparece, la dictadura se difumina y las víctimas del franquismo vuelven a ocupar el lugar del silencio.
El peor delito no fue Zapatero y la Ley de Memoria Histórica. El peor delito fue el franquismo.
Fue el golpe militar contra una democracia legítima. Fueron las decenas de miles de asesinados, encarcelados, depurados y exiliados. Fueron las fosas comunes, el terror institucionalizado y cuarenta años de dictadura.
Quienes siguen presentando la memoria democrática como un problema quizá deberían preguntarse por qué, noventa años después del golpe, todavía hay familias buscando a sus muertos. La respuesta es sencilla: porque hubo verdugos que nunca respondieron por sus crímenes y porque todavía existen quienes prefieren discutir sobre la memoria antes que enfrentarse a la verdad.
La historia no necesita ser reabierta. Lo que necesita es dejar de ser falseada.
