Hay una vieja costumbre en el debate político navarro de confundir los deseos con las realidades jurídicas, sobre todo cuando sirve para armar un buen titular. El último texto de Chon Latienda sobre la Oficina de Anticorrupción (OANA) y el lío del túnel de Belate es un manual perfecto de cómo dictar sentencia antes de que el juez —o en este caso, el instructor— haya terminado de leer los papeles.
Vayamos a lo mollar. Que la OANA haya incoado un expediente sancionador a dos directores generales significa, en cristiano, que se abre una investigación para ver qué ha pasado. No es una condena, ni una resolución en firme, ni una «represalia de manual» ya juzgada, por mucho que se repita la frase para buscar el impacto. Convertir la apertura de un trámite en una verdad absoluta no es solo un patinazo jurídico; es saltarse a la torera la presunción de inocencia más básica.
Lo curioso es que el propio relato de Latienda desmonta la teoría de la conspiración y la «complicidad» del Consejero Chivite. Si ante el primer requerimiento de la OANA el Departamento acató la resolución y dejó el traslado de la plaza sin efecto, lo que tenemos no es un Gobierno rebelde, sino una administración que respeta las reglas del juego y los contrapesos. Se puede discrepar sobre si mover una mesa a Landaben era reorganización o no —eso es legítimo en gestión pública—, pero el acatamiento fue inmediato. El sistema funcionó.
Luego está el rasgarse las vestiduras porque el portavoz del Gobierno recuerde que el expediente es de «un particular frente a dos particulares». Se tacha la frase de majadería, pero administrativamente es impecable. En los procesos sancionadores de este tipo, la responsabilidad es personalísima. Al Gobierno de Navarra no se le multa ni se le inhabilita; se investiga a las personas físicas por sus actos individuales. Confundir la institución con los apellidos de quienes ocupan los despachos temporalmente es de primero de derecho.
Que las normas de protección al informante se apliquen y que los canales internos funcionen no es una «trola» del BON; es la prueba de que en Navarra no se barre debajo de la alfombra. Precisamente porque el marco legal es fuerte, las decisiones dudosas se revisan y se corrigen.
Al final, cuando los argumentos técnicos flojean, el texto cae en el clásico «y tú más»: rescatar si un portavoz suspendió un test hace años o meter con calzador a Ábalos y Koldo para ver si salpica el barro. Una hipérbole verbenera que solo busca desviar la atención. En Navarra las instituciones son serias, los procesos son garantistas y, por suerte para todos, las sanciones se deciden en los expedientes y no en las columnas de opinión.
