Estamos asistiendo a una campaña desaforada desde los grandes poderes económicos y las formaciones políticas de la derecha, no solo contra el incremento de los impuestos a los grandes patrimonios, sino por conseguir su desaparición.
Como no podía ser menos, el Diario de Navarra, siempre apoyando a los sectores reaccionarios y pudientes de la sociedad, no pierde un día en servirles de portavoz. Un ejemplo lo tenemos en el ejemplar correspondiente al 9 de octubre, en donde figuran en la sección de “opinión” un artículo del presidente del think tank Institución Futuro, José María Aracama Yoldi, bajo el título “Fiscalidad y autogobierno”, y en la página 20 de ese mismo diario, se incluye una entrevista al presidente de la patronal navarra Juan Miguel Sucunza.
Tanto uno como otro, coinciden en la defensa de una fiscalidad blanda con las grandes fortunas: “El impuesto a las grandes fortunas es una línea roja que el Gobierno de Navarra no debería cruzar”, sentencia el capo di capo de la patronal navarra. Según su idea, una fiscalidad fundamentada en quien mayor tiene más debe contribuir, no produce sino pánico y huida de Navarra de los inversores y de las empresas. Incluso él mismo deja caer que si no fuera por el puesto que ocupa ya estaría (no) tributando fuera de Navarra. Y es que para los empresarios por delante de la patria chica está la cartera.
Aracama, por su parte, incide en que se debe utilizar el régimen foral para crear un sistema impositivo atractivo (es decir con subvenciones y libre de impuestos) para que vengan a invertir a Navarra, y situarla al nivel de autonomías como Madrid y Andalucía, en donde el impuesto sobre el patrimonio no existe. Además de seguir con su mantra particular desde que fue consejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Miguel Sanz (1996-1999), de que, además de esa fiscalidad amable con los empresarios, lo que hace falta es reducir el gasto público en las instituciones, reduciendo carteras del Gobierno, funcionarios…(madre mía, que trauma le quedó a este hombre en su breve e improductivo paso por el Gobierno Foral)
Insisten ambos en que el Estado español es el único país de Europa en donde existe el impuesto sobre el patrimonio. Lo cual no deja de ser una mentira. Ese impuesto existe tal cual, además de en el Reino de España, en Noruega y Suiza. Pero es que en Bélgica, Italia, Francia y Alemania cobran un impuesto similar. Y en el Reino Unida, lo acaban de quitar, e inmediatamente el Gobierno de Liz Truss ha tenido que dar marcha atrás y el ministro de Economía ha dimitido.
Lo que no dicen es que, a nivel europeo, los ingresos obtenidos a través de los impuestos al capital han pasado desde 1980 del 47% al 24%. Es decir que las grandes fortunas se las ingenian para surfear las tasas impositivas en todos los países y poner sus ganancias y patrimonios a buen recaudo en paraísos fiscales. Como resultado de todo esto, las rentas más altas han continuado incrementando sus riquezas, dando lugar a una mayor desigualdad y a una menor redistribución de la riqueza. En el conjunto de la Unión Europea, el 1% más rico acumula entre el 20% y el 30% de la riqueza.
Lo único cierto en sus afirmaciones es que en las Comunidades de Madrid y Andalucía ese impuesto o lo han quitado directamente o no lo cobran. No se ha demostrado que su desaparición revierta directamente en un aumento de la inversión por parte de los empresarios. Lo que sí resulta objetivo es que las rebajas fiscales en las comunidades gobernadas por el Partido Popular han hurtado 10.000 millones de recaudación para servicios público.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto estatal, pero que tiene su gestión cedida a las comunidades autónomas, que pueden aplicar bonificaciones o exenciones a la cuota estatal
La Comunidad de Madrid es la única de España que bonifica al 100% el impuesto. O sea, nadie paga nada. Los que superan los dos millones de euros tienen que presentar su declaración de bienes y se calcula el pago del impuesto, pero no pagan nada porque la bonificación del Partido Popular les libra de ello. Por eso se conoce que quienes declaran, aunque no pagan, en Madrid son cerca de 19.000 personas, el 0,26% del total de la población de la Comunidad y el 0,5% de los contribuyentes, y que esa minoría posee como media una riqueza de 10 millones de euros.
Lo que significa que el Gobierno de la Ayuso libra a los más ricos de su Comunidad de pagar una cantidad equivalente al gasto en cultura, deporte, turismo, y políticas de empleo juntos en un año. Y en la última década, esas 19.000 personas han dejado de pagar más de 8.000 millones de euros, el equivalente al gasto en sanidad de la Comunidad en un año.
Las medidas tributarias del Partido Popular benefician descaradamente a las grandes fortunas, mientras las rentas medias y bajas son excluidas de los beneficios fiscales o les repercute de forma muy marginal.
Estas son las medidas que estos adalides de la economía de mercado y neoliberal defienden y a los que el Diario de Navarra presta su total colaboración.