El regreso de Miguel Sanz al Parlamento foral para dictar doctrina sobre la Lorafna es el enésimo recordatorio de lo que ha sido el sanzismo y la trayectoria de UPN: una maquinaria política experta en confundir Navarra con sus propios intereses electorales y en agitar el fantasma de la confrontación social cada vez que la ciudadanía intenta avanzar. Bajo un manto de aparente sensatez institucional, el discurso del expresidente esconde un chantaje antidemocrático intolerable, un profundo desprecio a las mayorías actuales y un pánico atroz a la Navarra real de 2026. Su intervención no es una propuesta de futuro; es el testamento político de un régimen obsesionado con paralizar los derechos de esta comunidad.
Para empezar, la exigencia de Sanz de un «consenso de Estado» que vaya más allá de las mayorías aritméticas es, sencillamente, una trampa mafiosa para imponer el derecho de veto de la minoría. Pretender que la mayoría absoluta del Parlamento de Navarra —donde reside la soberanía del pueblo navarro— no es suficiente para actualizar su norma institucional constituye un insulto a la democracia. Lo que Sanz está diciendo es que si la derecha no gobierna o no bendice una ley, esa ley no es legítima. El marco de 1982 no puede ser un corsé inmutable ni el secuestro de la capacidad legislativa de Navarra supeditado a los pactos de conveniencia de las sedes de Madrid. Si el bloque de UPN y sus aliados ya no suma las mayorías de antaño, su obligación es joderse y aguantarse, aceptar las reglas del juego y respetar lo que los navarros votan, no intentar amordazar la cámara foral.
La contradicción alcanza niveles de un cinismo grotesco cuando se aborda la Disposición Transitoria Cuarta. Sanz clama por su supresión pero, en un ataque de sincero descaro, confiesa que UPN probablemente nunca habría nacido de no haber existido esa cláusula. Es la admisión pública y sin tapujos del pecado original de su partido: la instrumentalización sistemática del miedo y el fantasma de la anexión como único motor de supervivencia electoral. UPN no tiene un proyecto de progreso para Navarra; tiene un negocio basado en la existencia de un enemigo exterior. Resulta ridículo y patético que Sanz culpe ahora a los cálculos de Madrid por no haber eliminado esta disposición cuando su propio partido ha sido incapaz en cuarenta años de articular un consenso integrador en su propia tierra, prefiriendo mantener viva la «amenaza» para seguir rascando votos en campaña.
En materia lingüística, el desprecio de Sanz hacia la pluralidad de Navarra raya en la provocación. Defender la zonificación del euskera argumentando que responde a la realidad y que en la Ribera «no hay clamor» es la constatación de que UPN sigue empeñado en fracturar y segregar a los navarros por su código postal. Afirmar descaradamente que «quien quiere estudiar en euskera puede hacerlo libremente» es una burla cruel para miles de familias de la zona no vascófona que sufren el acoso administrativo, el sobrecoste económico, la falta de transporte y el exilio escolar en los centros públicos por el único delito de querer vivir en su lengua. Los derechos lingüísticos son derechos humanos de la ciudadanía, no concesiones geográficas discrecionales. Pretender despachar el apartheid lingüístico remitiendo el debate a una ley foral menor es la enérgica maniobra de quien quiere blindar la Lorafna para que siga consagrando una Navarra con ciudadanos de primera y de segunda.
Tampoco tiene desperdicio su recurso al populismo rancio y demagógico de proponer una reducción de escaños en el Parlamento como un «gesto» contra la desafección. Esta es la clásica receta de la derecha más reaccionaria: amputar la representación pública para recortar la pluralidad. Reducir parlamentarios no acerca las instituciones a la calle; al contrario, encarece el escaño, fulmina la proporcionalidad, expulsa a las minorías y beneficia el búnker del bipartidismo tradicional que también les cobija. Si hay desafección ciudadana no es porque sobren representantes, sino por la nefasta herencia de gobiernos que, como los de Sanz, privatizaron la gestión, recortaron lo público y blindaron los privilegios de unos pocos. El verdadero antídoto contra el hartazgo social es una democracia más participativa y transparente, justo lo que a UPN le aterra.
Al final, la careta se le cae por completo al expresidente cuando se aborda la posibilidad de un referéndum. Al ser cuestionado sobre el miedo a las urnas, Sanz sacó pecho afirmando con soberbia que ni él ni su partido temen a nada. Mentira. Los hechos desmienten su falsa valentía. La Lorafna de 1982 es la única norma institucional de su rango en todo el Estado español que jamás ha sido votada por los ciudadanos; nació muerta de legitimidad democrática directa porque fue cocinada en despachos por las élites de la Transición. Exigir consensos sagrados entre siglas pero cerrarle con llave la puerta al voto directo de los navarros es el síntoma definitivo del pánico absoluto que atenaza a UPN: el pánico a que la sociedad navarra del siglo XXI entierre definitivamente el modelo gris, excluyente y rancio que el sanzismo diseñó hace más de cuarenta años. Quienes de verdad no tienen miedo a la libertad deberían apartarse y dejar que Navarra vote de una santa vez.
