Del Burgo desatado

Uno de los políticos que más ha contribuido a que Navarra siga siendo el corralito de una derecha caciquil, dogmática, clasista, intolerante y todo lo que se quiera añadir, es Jaime Ignacio del Burgo Tajadura. Hijo del que fuera teniente del Requeté durante la II República, Jaime del Burgo Torres, a la que combatió con la pluma y la pistola.

Como político, Ignacio del Burgo, siempre ha militado en las filas de la derecha española, pasando por la UCD, el Partido Demócrata Popular, Unión Demócrata Foral y el Partido Popular, donde deambula en la actualidad.

Como portavoz del Grupo Popular del Congreso en la Comisión de investigación del 11 M, se manifestó radicalmente en contra de los informes periciales que excluían la participación de ETA en aquellos atentados, defendiendo teorías conspiranoicas que implicaban la intervención de la extinta organización armada vasca. Tesis que sigue manteniendo hoy día.

Además de desplegar una ingente actividad propagandista, en medios de comunicación y conferencias, en defensa de sus paranoicas tesis sobre los atentados de marzo de 2004, su mayor contribución a la causa militante del PP es la de haber actuado como emisario pagador en metálico de grandes cantidades de dinero como gratificaciones del Partido a determinadas personas.

Así, admite sin rubor alguno, que recibió dinero del condenado Luis Bárcenas (cuando este era tesorero del PP), en concreto cerca de 24.000 euros, para entregarlos al que fuera secretario general del PP navarro, Calixto Ayesa, en concepto de compensación por un crédito de 1982 de la extinta UCD (¡¡¡). Y 3.000 euros a la exconcejal de UPN en Atarrabia, Elena Murillo, por los daños sufridos en su vivienda.

Detallamos estos casos, como ilustrativos de la carencia total de escrúpulos que adornan al personaje. Su inmoralidad, se refleja no solo en la actividad política, sino que impregna toda su producción literaria que, siendo abundante, no vale ni lo que pagaría un buhonero al peso (1 euro el kilo).

Del Burgo defiende que Navarra se integró en España por “ex propia voluntate”, de igual a igual, con pleno respeto a sus leyes y costumbres. Sin embargo la historia nos dice otra realidad:  Fernando el Católico se proclamó rey de Navarra después de someterla por las armas en 1512. Es decir que la incorporación se hizo “manu militari”.

El ejemplar del Diario de Navarra correspondiente al día 19 de marzo, dedica dos páginas al completo a una entrevista con el juntaletras, en las que desbroza el contenido de su libro “La República y su trágico final”.

El título que coloca el plumilla de turno (Jesús Rubio) en el encabezamiento resulta altamente clarificador y alumbra el contenido, no solo de la entrevista, sino del libro en su conjunto: “La República fue un tiempo para olvidar”.

A lo largo de la extensa entrevista, el leguleyo Del Burgo arremete contra la II República y la Constitución de 1931. Denuncia la violencia anticlerical de los partidos obreros. Se refiere al clima de inestabilidad y de división social que se creó a partir de abril de 1931.Afirma que el sueño de los lideres socialistas era imponer el modelo totalitario a semejanza de Stalin en Rusia.

Y sobre todo, dedica una buena parte de la entrevista a exonerar al carlismo (donde militaba de su padre) y a los Tercios de Requetés. Según el picapleitos, “en ningún caso era un movimiento fascista”. Por el contrario su programa contenía “medidas avanzadas para acabar con la explotación y miseria de los trabajadores”. Lo que ocurrió es que fueron engañados por Franco, que incumplió el acuerdo que los carlistas tenían con el bueno del general Mola (el director que decía “…la acción ha de ser de extremo violenta…”) Así, según el mendaz Del Burgo: “…el carlismo ganó la guerra, pero perdió la paz”.

Por supuesto sobre la represión ejercida por los golpistas en Navarra, donde no hubo frente de guerra, concretada en el asesinato de más de 3.500 personas, no se dice nada en toda la entrevista.

Del Burgo es un personaje peripatético, un manipulador de la historia, que con esta última obra alcanza la máxima cumbre de la estulticia. No hace historia, sino apología del más rancio y ultraconservador ideario españolista. En este sentido no se diferencia mucho del pensamiento político de su padre. Esta nueva publicación supone una escalada en las cimas del revisionismo histórico, en la línea de los Pío Moa, César Vidal, Ángel David Martín Rubio. Federico Jiménez Losantos…

 Historiadores con más seriedad y honradez intelectual como José Luis Ledesma o Nicolás Sesma, han investigado sobre la represión ejercida en la zona republicana y la han cuantificado, demostrando que, efectivamente se llevaron a cabo antes y, sobre todo, después del alzamiento, pero con un alcance mucho más limitado que la llevada a cabo por los sublevados (incluido el Requeté), que llegó hasta practicas genocidas y crímenes contra la humanidad que aún no han prescrito, como son las desapariciones forzosas…

La entrevista no tiene desperdicio por las sandeces y barbaridades históricas que suelta el personajillo. Lo que hace barruntar el contenido del libro. Lo bueno de la gran reseña que se hace en el Diario de Navarra, es que quita de cuajo todas las ganas de leerlo.

De lo que no habla el mendaz Del Burgo, es que en 1930, la lucha por la democracia en el Estado español era paralela a la lucha por la reforma agraria y el reparto de la tierra entre quien realmente la trabajaba.

En el lapsus de tiempo que discurre entre la República como esperanza y la República amenazada por un alzamiento que se había iniciado bastante antes, se produjo el único periodo histórico en el que se intentó la democratización económica y social del campo. Se trató de un intento, que no llegó a cuajar, ya que el reparto de tierras no se planteó hasta marzo de 1936 por el Frente Popular, y no tuvo espacio ni tiempo para desarrollarse. Por lo que en ningún caso puede imputarse a la toma de tierras por el campesinado, y la conflictividad social que para las clases oligarcas supuso, la responsabilidad del golpe contra la legalidad republicana, planificado persistentemente con bastante antelación.

Los movimientos para acabar con la II República se iniciaron desde el mismo momento de su proclamación. En agosto de 1932 tuvo lugar la intentona de golpe de Estado protagonizada por el general José Sanjurjo. Desde 1931 los conspiradores monárquicos, incluyendo a los carlistas, tuvieron contactos con el régimen fascista de Mussolini, llegando a un acuerdo en marzo de 1934, que incluía planes de apoyo italiano a una insurrección armada contra la República.

Incidir en la conflictividad social y política registrada durante la II República (que no era sino una expresión de la lucha de clases en un país de terratenientes y latifundios), no tiene otro objetivo que justificar el “glorioso alzamiento fascista”, el conflicto armado que conllevó durante tres largos años, y los gravísimos crímenes contra la humanidad que cometió el bando de los golpistas. Así como el régimen impuesto por el dictador Franco durante cerca de 40 años, en los que se siguió conculcando derechos fundamentales.

Respecto a la persecución de religiosos por parte de republicanos, nadie lo niega. Hubo represión contra sacerdotes, conventos e iglesias, sobre todo por el papel que la Iglesia jugaba de sometimiento y apoyo a las clases pudientes. Pero lo que no dice el cuentacuentos Del Burgo es sobre la violencia ejercida por los sublevados contra el clero, sobre todo en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

El 8 de septiembre de 1936, el dirigente carlista Manuel Fal Conde señalaba por escrito que los tradicionalistas estaban dispuestos a asumir la posibilidad de que se ejecutase a sacerdotes desafectos. Así el primer sacerdote asesinado por los sublevados fue Santiago Lucas Aramendia, el 3 de septiembre de 1936 en el puerto El Perdón. Le siguieron otros de una lista de hasta 190 sacerdotes vascos, algunos condenados a muerte, otros desterrados, exilados, trasladados, encarcelados.

La afirmación de que la Constitución republicana de 1931 contenía el germen de la división de España en dos, es un auténtico desatino propio de una mente enfermiza. Ese texto es el antecedente más válido de la exigua tradición democrática del Estado español.

Fue una constitución plenamente democrática, que recogía muchos de los aspectos más positivos del constitucionalismo surgido a partir de la postguerra europea, particularmente de la constitución alemana de Weimar y de la constitución mexicana de 1917 en sus aspectos más sociales.

Contemplaba una relación extensa y muy completa de los derechos civiles, sociales y económicos, con formulaciones afortunadas y progresistas respecto a temas como las libertades individuales, el matrimonio, la familia y la función social de la propiedad. Así en su artículo 1º decía: “España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”. En su artículo 43º “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos de ambos sexos…” Y en el 44º “Toda la riqueza del país sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional…” “…La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social…” “…la propiedad podrá ser socializada”. Artículo 48 “La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria…” “…La enseñanza será laica…” “…Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a la inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”.

Una mera lectura del texto de la constitución republicana desvirtúa todas la retahíla de afirmaciones gratuitas que desgrana el (des) ilustrado escribano.

El fenómeno revisionista sobre la historia del alzamiento contra la República y el franquismo, al que pertenece Jaime Ignacio del Burgo, y al que el Diario de Navarra ofrece altavoz mediático, tiene unas profundas raíces políticas, que van más allá de tergiversaciones del pasado reciente. Sus consecuencias se extienden en un proceso de deslegitimación de las instituciones democráticas y en la defensa de los intereses, sociales, políticos, económicos, de una clase que quiere permanecer en el poder.

Del Burgo es un adalid de esa corriente que manipula la memoria, para adaptarla a los intereses de la clase dominante, que apoyó el golpe fascista del 1936, que encontró su acomodo en el régimen dictatorial del franquismo y que hoy amenaza con dar pasos hacia atrás en los derechos y libertades.

Lo mejor que se puede hacer con este tipo de figuras es, primero confrontarles con una memoria que reivindique el contenido liberador y democrático del periodo republicano, y el terrible alcance de la vulneración de derechos y crímenes contra la humanidad que llevaron a cabo los golpistas y la impunidad con la que se ha intentado saldar todo ello. En segundo lugar colocándolos en el lugar que les corresponde: el basurero de la historia. Y, por supuesto, no comprando sus libros.