Por Ollarra II
Hay algo profundamente revelador en el artículo de Cristina Ibarrola en su Diario de Navarra sobre la vivienda. No habla del presente para explicar cómo resolver el problema. Habla del pasado para intentar blanquear el legado de UPN. Y cuando un partido necesita recurrir constantemente a la nostalgia para defenderse, suele ser porque tiene muy poco que ofrecer sobre las consecuencias de sus propias políticas.
La presidenta de UPN pretende convencer a la ciudadanía de que Navarra vivía una edad de oro mientras gobernaba su partido y que la actual crisis de la vivienda es responsabilidad exclusiva del Gobierno de María Chivite y del apoyo parlamentario de EH Bildu. Es un relato políticamente útil, pero extraordinariamente pobre desde el punto de vista del análisis.
Porque la pregunta que Cristina Ibarrola evita responder es muy sencilla: si UPN hizo una política de vivienda tan brillante durante más de dos décadas, ¿por qué Navarra sigue teniendo hoy un problema estructural de acceso a la vivienda?
La respuesta desmonta todo su discurso.
Ibarrola presume de que entre 2000 y 2015 se construyeron más de 86.000 viviendas. Lo repite como si el simple hecho de construir mucho fuera sinónimo de garantizar un derecho. Pero construir viviendas no significa necesariamente facilitar el acceso a ellas. Durante aquellos años se levantaron miles de promociones porque el mercado inmobiliario vivía la mayor burbuja especulativa de la historia del Estado español. No fue un milagro de UPN. Fue el resultado de una economía completamente subordinada al ladrillo, al crédito fácil y a una espiral especulativa que terminó estallando de forma estrepitosa.
Lo que UPN presenta hoy como un éxito fue, precisamente, uno de los mayores fracasos económicos y sociales de las últimas décadas.
Durante aquellos años los precios de la vivienda crecían muy por encima de los salarios. Los bancos concedían hipotecas que hoy resultarían impensables. Se alimentó la ficción de que el precio de la vivienda nunca bajaría y de que comprar un piso era la única forma posible de garantizar el futuro. Mientras tanto, las administraciones miraban hacia otro lado mientras el mercado convertía un derecho constitucional en un activo financiero.
Cuando la burbuja explotó, el relato se vino abajo. Miles de familias quedaron atrapadas por hipotecas desproporcionadas. Constructoras quebraron. Promociones enteras quedaron abandonadas. Se destruyó empleo a una velocidad nunca vista. Y una generación completa descubrió que había sido utilizada como combustible de un modelo económico profundamente irresponsable.
Ese también fue el legado de UPN.
Sin embargo, Cristina Ibarrola escribe como si todo aquello nunca hubiera ocurrido.
Más sorprendente todavía resulta que quien gobernó Navarra durante buena parte de un cuarto de siglo pretenda presentarse ahora como una observadora externa de la crisis de la vivienda. No. UPN no contempló el problema desde la barrera. UPN diseñó el modelo urbanístico que dominó Navarra durante décadas.
Un modelo basado casi exclusivamente en la vivienda en propiedad, con un parque público de alquiler claramente insuficiente y una confianza casi religiosa en que el mercado resolvería por sí solo cualquier desequilibrio.
No lo hizo entonces y tampoco lo hace ahora.
Porque el mercado inmobiliario no garantiza derechos. Garantiza rentabilidad. Son dos cosas completamente distintas.
Resulta llamativo que Ibarrola culpe a la regulación del mercado de todos los males actuales cuando fue precisamente la ausencia de regulación la que permitió que la vivienda terminara convertida en uno de los principales instrumentos de especulación del Estado español.
Durante años se permitió que el acceso a la vivienda dependiera cada vez más de la capacidad económica de las familias y cada vez menos de las políticas públicas. Se normalizó que una persona joven tuviera que endeudarse durante cuarenta años para comprar un piso. Se asumió que los salarios podían quedarse estancados mientras el precio de la vivienda seguía disparándose. Ese era el modelo que UPN defendía.
Hoy descubrimos que aquello no era prosperidad. Era una burbuja.
Ibarrola también intenta responsabilizar exclusivamente al actual Gobierno de Navarra de la caída de la construcción. Es una manipulación evidente. Después del estallido de la burbuja ninguna comunidad del Estado español volvió a construir al ritmo de principios de siglo. Ninguna. Porque aquellas cifras eran consecuencia de una anomalía económica, no de una planificación ejemplar.
Comparar ambos periodos sin explicar ese contexto es tan absurdo como comparar el consumo de combustible de un coche cuesta abajo con el de ese mismo vehículo subiendo un puerto de montaña.
La presidenta de UPN también habla de los jóvenes, de la emancipación y de las familias que buscan una vivienda. Tiene razón al describir el problema. Lo que resulta difícil de aceptar es que quien gobernó durante más de veinte años actúe como si acabara de descubrirlo.
Porque la precariedad residencial no apareció en 2015.
Se fue gestando durante décadas mientras se consolidaba un modelo que priorizaba la compraventa frente al alquiler, la rentabilidad frente al derecho y la expansión urbanística frente a la creación de un parque público suficientemente sólido para resistir las crisis del mercado.
Y aquí aparece la gran contradicción del discurso conservador.
UPN sostiene que hay que dejar construir más al mercado porque así bajarán los precios. Sin embargo, durante los años en los que más viviendas se construyeron en Navarra, los precios no dejaron de subir. Nunca hubo tanta construcción y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil para muchas familias acceder a una vivienda sin hipotecar buena parte de su vida.
Los hechos son tozudos.
Más construcción no implica automáticamente vivienda asequible cuando el mercado funciona bajo criterios puramente especulativos.
Eso explica por qué hoy países con amplios parques públicos de alquiler soportan mucho mejor las tensiones del mercado que territorios donde durante décadas se apostó casi exclusivamente por la vivienda como inversión privada.
Nada de esto significa que el actual Gobierno de Navarra esté haciendo todo bien. La izquierda debe aceptar la crítica cuando la vivienda protegida avanza demasiado despacio, cuando la burocracia retrasa proyectos necesarios o cuando determinadas medidas no alcanzan los resultados esperados. Precisamente porque la vivienda constituye uno de los principales problemas sociales de nuestro tiempo, las políticas públicas deben ser mucho más ambiciosas.
Pero una cosa es exigir más y otra muy distinta aceptar que quienes contribuyeron decisivamente a construir el problema pretendan ahora presentarse como sus salvadores.
Cristina Ibarrola no escribe un análisis sobre la vivienda.
Escribe un ejercicio de amnesia política.
Porque la crisis actual no nació con Chivite ni con EH Bildu. Tiene raíces mucho más profundas. Raíces que se hunden en décadas de gobiernos que confundieron crecimiento urbanístico con bienestar social y el derecho a la vivienda con un negocio extraordinariamente rentable para unos pocos.
UPN quiere que la ciudadanía recuerde las grúas.
La ciudadanía debería recordar también quién convirtió la vivienda en un mercado donde los beneficios privados crecían mucho más deprisa que el derecho de la mayoría a tener un hogar.
Esa es la parte de la historia que Cristina Ibarrola nunca contará. Porque hacerlo supondría reconocer que el principal problema de su artículo no es lo que dice.
Es todo lo que necesita ocultar para poder decirlo.
