En el marco de la campaña contra la reinserción de personas que han cumplido penas de prisión, Carlos Salvador, de UPN, se refirió al expreso Bixente Nazabal en un texto de opinión en Diario de Navarra, afirmando que “obtuvo el título de Derecho en la UPV -de aquella manera-”. Aunque no presentó evidencia alguna que respaldara su comentario, sus palabras dejaron entrever sospechas. Además, señaló que tras su liberación, “nada indica que exista arrepentimiento”. Este abogado, que debería tener un conocimiento profundo de las leyes, parece ignorar aquellos aspectos que su ideología no acepta. Contrario a su afirmación, el Código Penal español no exige que el arrepentimiento sea un requisito para recuperar la libertad una vez cumplida la pena. Según el artículo 36, un individuo se considera jurídicamente rehabilitado tras cumplir su condena.
Carlos Salvador también criticó la decisión de que el mismo expreso, represente a los trabajadores en el Consejo de Administración de Susundegui, cuestionando: “Dada la situación de la empresa, ¿es esta una decisión que contribuirá a atraer nueva inversión o, por el contrario, a disuadirla?” Esta afirmación revela una curiosa teoría económica. ¿Desde cuándo el capital ha considerado en sus decisiones empresariales factores ajenos a su rentabilidad económica?
¿Y quién es realmente Carlos Salvador? Fue diputado en el Congreso entre 2014 y 2019 y también senador, donde se destacó por un perfil marcadamente “ultra”, lo que le valió el reconocimiento de la plataforma Hazte Oír. Salvador atacó con vehemencia el programa de coeducación Skolae, impulsado por el Gobierno de Navarra y galardonado por la UNESCO, y comparó el aborto con el “Toro de la Vega”. En 2013, propuso que las madres que desearan abortar fueran obligadas a ver previamente una ecografía del feto…
Cristina Ibarrola, durante la presentación del efímero gobierno municipal de Iruñea, le nombró nuevo concejal de Educación, Igualdad y Diversidad Cultural… casi nada. Este nombramiento suscitó críticas contundentes e indignación entre los grupos de oposición, quienes lo calificaron como un político «ultraconservador» que pone en cuestión los derechos de las mujeres y otros colectivos y que ha destacado por su militancia antiabortista.
En esa misma línea se encuentra José Javier Oses, que actualmente imparte clases en un instituto en Tudela, otro expreso al que le ha tocado soportar la ira de la derecha navarra por su reinserción laboral y social. UPN no tardó en intentar sacar réditos políticos de esta situación, evidenciando su postura en contra de la reintegración de personas que han cumplido condenas.
La derecha navarra persiste en su esfuerzo ilegal de excluir a cualquier cargo público e incluso privado, a aquellos que han sido condenados por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con la violencia. En este contexto de presión constante, recientemente dos consejeros navarros se vieron obligados a recordar que no existe ninguna ilegalidad que impida a ex reclusos desempeñar funciones como profesores o formar parte de un consejo de administración. UPN insiste de nuevo en la necesidad de modificar el Estatuto de la Función Pública y la Ley Foral de Subvenciones, aunque parece más un intento de generar polémica que una propuesta viable, ya que contradice normativas de mayor jerarquía.
En el Estado español, existen diversas iniciativas destinadas a la reinserción social de personas que han cumplido penas de prisión, como programas de empleo que fomentan la inserción laboral mediante convenios con empresas. Así mismo otros programas diseñados para apoyar la transición hacia una vida normalizada. En este contexto, resulta incomprensible y poco democrática la postura cerril de la derecha navarra.
Si bien es posible entender políticamente este tipo de actitudes, dado que afortunadamente ya no existe lucha armada en nuestro entorno, puede observarse que a falta de argumentos políticos sólidos intentan envenenar la convivencia ciudadana y de esa forma alcanzar el poder. Deberían saber que ni su evidente euskarafobia, ni su antipatía hacia todo lo que representa la cultura vasca (es decir, navarra), ni su anhelo de revivir un pasado violento que la sociedad ha dejado atrás, sobre todo las nuevas generaciones, les proporcionará grandes avances electorales.
Esta situación les consume y les provoca un estado de ansiedad constante, porque intuyen que si no cambian su enfoque político, cosa casi imposible dado el lastre antidemocrático que arrastran, no les será fácil acceder a las instituciones navarras.